Los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio de este derecho se regulan por la Ley 14/1986, General de Sanidad y se concretan en:

■ financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios en el momento del uso

■ derechos y deberes definidos para los ciudadanos y para los poderes públicos

■ descentralización política de la sanidad en las Comunidades Autónomas

■ prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados

■ integración de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la salud en el Sistema Nacional de Salud.